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El día Jueves  tres (03) de Noviembre se realizará la presentación del proyecto de acuerdo N° 25 correspondiente al Presupuesto de Ingresos y Gastos para la  vigencia 2017. Sesión que tendrá lugar en el recinto del Honorable Concejo Municipal  a las 6:00 pm.

El día Martes  primero (01) de Noviembre  se dió inicio al Cuarto Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal de Oiba, periodo que fue Instalado por el Señor Alcalde Carlos Miguel Durán Rangel en presencia de los Honorables Concejales del municipio.

29/04/2016
Colombia es uno de los pocos que aún conserva el 50% de sus bosques y alberga una gran biodiversidad. Sin embargo, la tala y el tráfico ilegal de maderas constituyen un problema creciente que amenaza las especies de alto valor comercial.

Este jueves se presentaron los instrumentos de la nueva fase del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia para asegurar que la madera extraída, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales. El Pacto tendrá vigencia por los próximos dos años, 2016 al 2018, y su implementación está bajo el liderazgo de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) quien ejerce la Secretaría Técnica del mismo.

Las aplicaciones digitales “Especies Maderables” y “Cubimadera” harán efectivas las acciones de control y vigilancia forestal; la Guía de Compra Responsable de Madera en Colombia, será el norte para las compras legales de madera por parte del Estado en el marco de la política de Colombia Compra Eficiente; y los protocolos para seguimiento y monitoreo a los aprovechamientos forestales en el bosque, la movilización y las industrias lograrán beneficiar la administración y gestión forestal del país hacia el manejo forestal sostenible.

El Pacto surgió del trabajo del Ministerio de Ambiente junto con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), la Federación Nacional de Industriales de la Madera y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Hasta el momento, cerca de 70 representantes del sector público, privado y de la sociedad civil han ratificado su compromiso de reducir la tala y comercio ilegal de la madera y se han logrado 18 acuerdos departamentales por la madera legal. Además, este Pacto se enmarca en la política nacional de reducción de la deforestación del país.

“Con este Pacto por la Madera Legal, Colombia tiene herramientas más claras para combatir la deforestación y proteger sus bosques con mecanismos de compromiso y verificación entre el gobierno, la sociedad civil y las comunidades guardianas de los bosques”, sostuvo Rafael Zavala Gómez del Campo, Representante de la FAO en Colombia.

"Este pacto es una buena forma para fortalecer la autoridad y la legalidad", declaró el Viceministro de Ambiente Pablo Viera Samper. "Hemos consolidado una gran alianza de cooperación internacional y agradecemos su particpación en estos espacios" puntualizó.

La cooperación internacional en el país como las Embajadas de la Unión Europea y de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) han apoyado el Pacto a través de asignación de recursos y asistencia técnica.

Los resultados que se presentaron durante la jornada son el producto de la unión de recursos financieros y humanos nacionales y de la cooperación internacional, entre los cuales se encuentra el cumplimiento de los compromisos de los firmantes del Pacto en sus primeras fases.

El evento contó además con la participación de Robert Simpson, Director Global del Programa FAO-FLEGT, quien visita Colombia para conocer los avances en materia de gobernanza forestal del país.

En el año 2003, la Unión Europea (UE) aprobó el Plan de Acción de la UE para la Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés) para combatir la presencia de madera ilegal en el mercado mundial y evitar su ingreso en el mercado europeo, y en ese Plan se formuló el Programa UE-FAO-FLEGT para apoyar a los países productores de madera, entre esos Colombia, en donde el Programa viene fortaleciendo el Pacto por la Madera Legal. La continuidad del apoyo del programa al país está basado en las prioridades nacionales identificadas entre los socios del sector forestal y con un enfoque a la integración del sector privado, en particular los PYMES y empresas comunitarias locales en mercados legales y justos.

Contacto de prensa

FAO Colombia

Nadya González

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Cel 3134047008

Fuente: http://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/412375/

En el tercer día del paro agrario un grupo de indígenas mantiene bloqueos en cuatro puntos de la vía Panamericana, entre la ciudad de Cali y Popayán, confirmaron fuentes locales.

Los bloqueos se presentan en el sector La Agustina, El Columpio, El Pital y el Rosal donde el grupo de manifestantes derribaron árboles y atravesaron buses del servicio público en la vía.

Durante la protesta los indígenas se enfrentaron a la Fuerza Pública, y según testigos han atacado a conductores y pasajeros de los vehículos que han intentado pasar por estos puntos de concentración.

Este miércoles se espera la llegada de una comisión del Gobierno para evaluar e pliego de peticiones de los manifestantes que participan de la protesta nacional e indefinida convocada por campesinos para pedir mejoras en el sector agrícola.

La protesta campesina comenzó el lunes y se desarrolla en los departamentos de Cauca, Meta, Huila, Nariño, Antioquia, Arauca y Norte de Santander.

Las manifestaciones fueron convocadas por la Cumbre Agraria -que reúne a movimientos sociales de indígenas, campesinos, afrodescendientes y otros- y que denuncia el "incumplimiento" por parte del gobierno de Juan Manuel Santos de acuerdos previamente negociados para mejorar el campo.

Los labriegos piden además protección ante las amenazas a voceros y líderes populares, denuncian afectaciones en las comunidades por la explotación minero-energética, exigen mejoras en salud que eviten la muerte de infantes por desnutrición e incluso piden participación en los diálogos de paz que el gobierno sostiene en Cuba con las Farc.

Los organizadores esperaban que la protesta creciera progresivamente esta semana, tras arrancar el lunes con la salida de los campesinos de sus comunidades hacia las carreteras que llevan a las principales ciudades.

En 2013 y 2014, los campesinos protagonizaron fuertes paros nacionales para exigir mejoras para el sector agrícola, que consideran se ha visto afectado por los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados principalmente con Estados Unidos y Europa. Son los acuerdos alcanzados tras esas movilizaciones los que los campesinos denuncian que han sido incumplidos.

Hasta ahora, las autoridades han dado un parte de "tranquilidad" alrededor de la protesta. Sin embargo, este martes la Policía divulgó unos audios en los que presuntos guerrilleros del ELN presionan a campesinos a participar en las manifestaciones.

Aunque miembros de su gobierno han tildado la protesta de "injusta", Santos dijo el martes que se respetará. Además, pidió que las "marchas se hagan de manera pacífica" y que "no haya bloqueos" en las vías, como ha ocurrido anteriormente.

En la primera jornada de paro, los organizadores denunciaron la muerte de un manifestante de origen indígena. Las autoridades han dicho que el fallecimiento fue producto de un accidente con un vehículo particular que desatendió la petición de alto de los manifestantes.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/nuevos-bloqueos-via-panamericana-tercer-dia-del-paro-ag-articulo-635436

El sector agropecuario ha sido criticado desde años atrás por las prácticas agrícolas que maneja en su etapa de producción. En este sentido, las cifras son escandalosas, ya que de acuerdo a un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de las 9,8 millones de toneladas que se pierden y desperdician en toda la cadena de alimentos, 6,4 millones corresponden al proceso de producción.

Las cifras de algunos departamentos son alarmantes, si se tiene en cuenta que corresponden con los más productivos. Este es el caso de los pertenecientes a la región Centro Oriente, el Caribe y el Eje Cafetero, en donde ser pierde más de 3,8 millones de toneladas.

Estas tres regiones son denominadas como las más productivas, luego de estudiar un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en donde se detallan la extensión total del terreno y su porcentaje de tierra productiva en cada uno de los departamentos.

Por ejemplo, la región Centro Oriente, en donde están Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá tiene una extensión de 9,9 millones de hectáreas, de las cuales 1,3 millones son productivas. Pero, a pesar de ser la zona con más rendimiento agrícola, también es la que más pierde alimentos en la etapa de producción, ya que allí se pierden 1,7 millones de toneladas al año.

Mauricio Parra, gerente de Corabastos, comentó que a la central de Bogotá llegan varios productos de las zonas cercanas con un proceso de maduración muy avanzado, más que todo, las frutas y las verduras.

“Esto se debe a que los productores aún no cuentan con buenas prácticas para el manejo de los productos en la cosecha y poscosecha, en algunos casos se recolectan en una edad muy avanzada y ya están madurados, o también hay dificultades en el empaque, porque se hace con canastillas de madera”, agregó Parra.

Otra de las regiones que es protagonista en estos resultados es el Caribe, que en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre, tiene 10,8 millones de hectáreas, de las cuales 2,8 millones son productivas. En esta zona se pierden más de 1,1 millones de toneladas, cifra con la que se puede denominar a esta región como la segunda más productiva, pero a la vez con mayores pérdidas en la cosecha de alimentos.

En el Caribe, Juan Camilo Jaimes, gerente comercial de la Gran Central de Abastos del Caribe (Granabastos), dijo que la principal dificultad es que en la región no existen vías competitivas para transportar en el menor tiempo posible los alimentos. Además, “hay productos que vienen de otras zonas alejadas del país como Cundinamarca, con cebolla y tubérculos, o Valle del Cauca, con la producción de frutas, en donde se pueden demorar uno o dos días en llegar a su destino y esto puede disminuir la calidad de los productos”.

La tercera región que ocupa el ranking de las más productivas y a la vez con mayores pérdidas en la cosecha es el Eje Cafetero, que a pesar de tener una extensión de 677.158 hectáreas con rendimiento agrícola, pierde en promedio 1,06 millones de toneladas.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, comentó que “el problema es que no se ha logrado someter al campo a una estructura formal en donde se industrialice y fomente el rendimiento a través de la eficiencia”.

En general, todas las regiones cuentan con bajos indicadores en cosecha, por ejemplo Pacífico pierde 1,06 millones de toneladas, los Llanos 678.383 toneladas y Centro Sur 557.023 toneladas.

De acuerdo con los expertos, estos problemas son de fondo y aunque se han venido trabajando, falta mejorar las buenas prácticas agropecuarias que se establecen en cada producto.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que “hemos venido trabajando con Planeación para disminuir el impacto de estas cifras, pero hay que tener en cuenta que cada producto tiene cuidados diferentes y factores como la preparación del terreno, la semilla, el proceso de recolección, el transporte, el empaque y demás procesos no se pueden acoplar a una sola normativa”.

LOS ALIMENTOS MÁS DESPERDICIADOS

Las frutas, vegetales, raíces, tubérculos, lácteos y pescados son los productos que más se pierden y desperdician en la cadena de producción. La razón que dan los expertos es por la debilidad que tiene cada uno de estos alimentos al ser expuestos a condiciones no favorables, es decir, que no son transportados en cadena de frío, llegan con procesos de maduración de hasta 70% (como ocurre en muchos casos con la papaya) y se recolectan en un periodo no adecuado.

LAS OPINIONES

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura: “Lo importante es que cada uno de los departamentos del país contemple algunas reformas para volver eficiente el campo”.

Rafael Mejía, presidente de la SAC: “Es difícil establecer un manual de buenas prácticas para todos los productos, porque cada uno tiene características diferentes”.

Fuente: http://www.vanguardia.com/economia/local/358597-santander-entre-los-departamentos-que-mas-bota-comida

El sector agropecuario ha sido criticado desde años atrás por las prácticas agrícolas que maneja en su etapa de producción. En este sentido, las cifras son escandalosas, ya que de acuerdo a un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de las 9,8 millones de toneladas que se pierden y desperdician en toda la cadena de alimentos, 6,4 millones corresponden al proceso de producción.

Las cifras de algunos departamentos son alarmantes, si se tiene en cuenta que corresponden con los más productivos. Este es el caso de los pertenecientes a la región Centro Oriente, el Caribe y el Eje Cafetero, en donde ser pierde más de 3,8 millones de toneladas.

Estas tres regiones son denominadas como las más productivas, luego de estudiar un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en donde se detallan la extensión total del terreno y su porcentaje de tierra productiva en cada uno de los departamentos.

Por ejemplo, la región Centro Oriente, en donde están Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá tiene una extensión de 9,9 millones de hectáreas, de las cuales 1,3 millones son productivas. Pero, a pesar de ser la zona con más rendimiento agrícola, también es la que más pierde alimentos en la etapa de producción, ya que allí se pierden 1,7 millones de toneladas al año.

Mauricio Parra, gerente de Corabastos, comentó que a la central de Bogotá llegan varios productos de las zonas cercanas con un proceso de maduración muy avanzado, más que todo, las frutas y las verduras.

“Esto se debe a que los productores aún no cuentan con buenas prácticas para el manejo de los productos en la cosecha y poscosecha, en algunos casos se recolectan en una edad muy avanzada y ya están madurados, o también hay dificultades en el empaque, porque se hace con canastillas de madera”, agregó Parra.

Otra de las regiones que es protagonista en estos resultados es el Caribe, que en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre, tiene 10,8 millones de hectáreas, de las cuales 2,8 millones son productivas. En esta zona se pierden más de 1,1 millones de toneladas, cifra con la que se puede denominar a esta región como la segunda más productiva, pero a la vez con mayores pérdidas en la cosecha de alimentos.

En el Caribe, Juan Camilo Jaimes, gerente comercial de la Gran Central de Abastos del Caribe (Granabastos), dijo que la principal dificultad es que en la región no existen vías competitivas para transportar en el menor tiempo posible los alimentos. Además, “hay productos que vienen de otras zonas alejadas del país como Cundinamarca, con cebolla y tubérculos, o Valle del Cauca, con la producción de frutas, en donde se pueden demorar uno o dos días en llegar a su destino y esto puede disminuir la calidad de los productos”.

La tercera región que ocupa el ranking de las más productivas y a la vez con mayores pérdidas en la cosecha es el Eje Cafetero, que a pesar de tener una extensión de 677.158 hectáreas con rendimiento agrícola, pierde en promedio 1,06 millones de toneladas.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, comentó que “el problema es que no se ha logrado someter al campo a una estructura formal en donde se industrialice y fomente el rendimiento a través de la eficiencia”.

En general, todas las regiones cuentan con bajos indicadores en cosecha, por ejemplo Pacífico pierde 1,06 millones de toneladas, los Llanos 678.383 toneladas y Centro Sur 557.023 toneladas.

De acuerdo con los expertos, estos problemas son de fondo y aunque se han venido trabajando, falta mejorar las buenas prácticas agropecuarias que se establecen en cada producto.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que “hemos venido trabajando con Planeación para disminuir el impacto de estas cifras, pero hay que tener en cuenta que cada producto tiene cuidados diferentes y factores como la preparación del terreno, la semilla, el proceso de recolección, el transporte, el empaque y demás procesos no se pueden acoplar a una sola normativa”.

LOS ALIMENTOS MÁS DESPERDICIADOS

Las frutas, vegetales, raíces, tubérculos, lácteos y pescados son los productos que más se pierden y desperdician en la cadena de producción. La razón que dan los expertos es por la debilidad que tiene cada uno de estos alimentos al ser expuestos a condiciones no favorables, es decir, que no son transportados en cadena de frío, llegan con procesos de maduración de hasta 70% (como ocurre en muchos casos con la papaya) y se recolectan en un periodo no adecuado.

LAS OPINIONES

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura: “Lo importante es que cada uno de los departamentos del país contemple algunas reformas para volver eficiente el campo”.

Rafael Mejía, presidente de la SAC: “Es difícil establecer un manual de buenas prácticas para todos los productos, porque cada uno tiene características diferentes”.

Fuente: http://www.vanguardia.com/economia/local/358597-santander-entre-los-departamentos-que-mas-bota-comida

(Turbo, Antioquia 16 de mayo) Colombia tiene un balance de crecimiento económico sostenido en la última década, pero aún debe hacer esfuerzos importantes por reducir la pobreza y las desigualdades sociales.

Más de 60 años de conflicto armado han dejado como consecuencia más de 7 millones de víctimas y buena parte del territorio nacional incomunicado, y con pocas opciones de acceso al mercado, lo que se traduce en un campo empobrecido e improductivo.

Según el Dane, para el año 2015, el 27,8 por ciento de la población del país se encontraba en situación de pobreza y, específicamente en zonas rurales, esta cifra llegaba a 40,3 por ciento, superando de lejos el promedio nacional.

Nuevo comienzo


Para enfrentar esa situación nace Manos a la Obra por la Paz, alianza entre la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, el Servicio Público de Empleo, el Ministerio del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.

Su objetivo es promover el desarrollo económico territorial a través de la generación de empleo y la construcción de pequeñas obras de infraestructura en más de 40 veredas afectadas por el conflicto armado en el país.

Con el programa Manos a la Obra por la Paz se busca, además, generar ingresos para más de 1.200 familias que participarán en la construcción de puentes colgantes, centros de acopio, vías terciarias, centros comunitarios, sistemas de riego y agua y placas polideportivas, entre otros.

Un puente nuevo para Pueblo Bello

La vereda Galilea, corregimiento Pueblo Bello, Antioquia, estuvo 20 años incomunicada por causa de una avalancha que en 1996 dejó a cerca de 500 familias sin la única ruta segura para acceder al casco urbano.

Así mismo, sus habitantes fueron víctimas de sistemáticos ataques en desarrollo del conflicto armado interno. En enero de 1990 fue perpetrada una masacre que ordenó Fidel Castaño y el pueblo partió en dos su historia. “A finales de los 90 quedaron menos de 10 familias viviendo en el corregimiento. Estas familias vivían de los cultivos ilícitos y todo era dominado por los grupos armados ilegales”, afirmó Yesenia Luna, lider del corregimiento.

En el 2003 el Programa de Familias Guardabosques (PFGB) y Desarrollo Alternativo, del Gobierno Nacional, con el apoyo de la ONU, animó a las familias a iniciar un lento retorno, gracias a nuevas opciones de generación de ingresos. “Todos retornaron pues había alternativa, las familias empezaron a ver que realmente podían tener sustento económico, diferente a los cultivos ilícitos”, dijo Luna.

Desde entonces, el corregimiento recuperó su tradición campesina y conformó la Asociación de Productores Agropecuarios, Soluciones, Integración y Vida –Proasiv-, que trabaja por el desarrollo rural y la paz de Pueblo Bello. "Hemos enfocado las acciones en la reconstrucción del tejido social de este corregimiento, a partir del trabajo productivo y acciones que fortalezcan la comunidad en su proceso de dignificación, trabajo justo que garantice la generación de ingresos y el desarrollo comunitario”, explicó Yesenia Luna.


Los campesinos y campesinas asociadas enfocan su trabajo en la producción de caucho, cacao, plátano y arroz. Así, la historia del corregimiento ha cambiado y actualmente cuenta con socios comerciales, materias primas de alta calidad y negocios importantes que generan ingresos dignos para los habitantes.

Hoy, el pueblo es un ejemplo en desarrollo rural. Por esta razón, el pasado viernes, gracias al trabajo de por lo menos 100 turbeños voluntarios y al Programa Manos a la Obra por la Paz, los habitantes de esta vereda antioqueña inauguraron un puente colgante de 50 metros de longitud y dos metros de ancho, que aporta a la reactivación económica y afianza los procesos sociales y organizativos de esta comunidad.

De esta entrega simbólica, que reinvindicó a Pueblo Bello como territorio de paz y desarrollo, participaron cerca de 200 personas de la comunidad; Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto; Arnaud Peral, representante residente a.i. de las Naciones Unidas en Colombia; y Claudia Camacho Corzo, directora del Servicio Público de Empleo.


Jóvenes de Manos a la Paz en Pueblo Bello, Turbo. Foto Martha Forero/PNUD Colombia

Fuente: http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2016/05/16/manos-a-la-obra-por-la-paz-gobierno-y-pnud-aportan-a-la-reconstrucci-n-de-la-colombia-rural.html

(Turbo, Antioquia 16 de mayo) Colombia tiene un balance de crecimiento económico sostenido en la última década, pero aún debe hacer esfuerzos importantes por reducir la pobreza y las desigualdades sociales.

Más de 60 años de conflicto armado han dejado como consecuencia más de 7 millones de víctimas y buena parte del territorio nacional incomunicado, y con pocas opciones de acceso al mercado, lo que se traduce en un campo empobrecido e improductivo.

Según el Dane, para el año 2015, el 27,8 por ciento de la población del país se encontraba en situación de pobreza y, específicamente en zonas rurales, esta cifra llegaba a 40,3 por ciento, superando de lejos el promedio nacional.

Nuevo comienzo


Para enfrentar esa situación nace Manos a la Obra por la Paz, alianza entre la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, el Servicio Público de Empleo, el Ministerio del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.

Su objetivo es promover el desarrollo económico territorial a través de la generación de empleo y la construcción de pequeñas obras de infraestructura en más de 40 veredas afectadas por el conflicto armado en el país.

Con el programa Manos a la Obra por la Paz se busca, además, generar ingresos para más de 1.200 familias que participarán en la construcción de puentes colgantes, centros de acopio, vías terciarias, centros comunitarios, sistemas de riego y agua y placas polideportivas, entre otros.

Un puente nuevo para Pueblo Bello

La vereda Galilea, corregimiento Pueblo Bello, Antioquia, estuvo 20 años incomunicada por causa de una avalancha que en 1996 dejó a cerca de 500 familias sin la única ruta segura para acceder al casco urbano.

Así mismo, sus habitantes fueron víctimas de sistemáticos ataques en desarrollo del conflicto armado interno. En enero de 1990 fue perpetrada una masacre que ordenó Fidel Castaño y el pueblo partió en dos su historia. “A finales de los 90 quedaron menos de 10 familias viviendo en el corregimiento. Estas familias vivían de los cultivos ilícitos y todo era dominado por los grupos armados ilegales”, afirmó Yesenia Luna, lider del corregimiento.

En el 2003 el Programa de Familias Guardabosques (PFGB) y Desarrollo Alternativo, del Gobierno Nacional, con el apoyo de la ONU, animó a las familias a iniciar un lento retorno, gracias a nuevas opciones de generación de ingresos. “Todos retornaron pues había alternativa, las familias empezaron a ver que realmente podían tener sustento económico, diferente a los cultivos ilícitos”, dijo Luna.

Desde entonces, el corregimiento recuperó su tradición campesina y conformó la Asociación de Productores Agropecuarios, Soluciones, Integración y Vida –Proasiv-, que trabaja por el desarrollo rural y la paz de Pueblo Bello. "Hemos enfocado las acciones en la reconstrucción del tejido social de este corregimiento, a partir del trabajo productivo y acciones que fortalezcan la comunidad en su proceso de dignificación, trabajo justo que garantice la generación de ingresos y el desarrollo comunitario”, explicó Yesenia Luna.


Los campesinos y campesinas asociadas enfocan su trabajo en la producción de caucho, cacao, plátano y arroz. Así, la historia del corregimiento ha cambiado y actualmente cuenta con socios comerciales, materias primas de alta calidad y negocios importantes que generan ingresos dignos para los habitantes.

Hoy, el pueblo es un ejemplo en desarrollo rural. Por esta razón, el pasado viernes, gracias al trabajo de por lo menos 100 turbeños voluntarios y al Programa Manos a la Obra por la Paz, los habitantes de esta vereda antioqueña inauguraron un puente colgante de 50 metros de longitud y dos metros de ancho, que aporta a la reactivación económica y afianza los procesos sociales y organizativos de esta comunidad.

De esta entrega simbólica, que reinvindicó a Pueblo Bello como territorio de paz y desarrollo, participaron cerca de 200 personas de la comunidad; Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto; Arnaud Peral, representante residente a.i. de las Naciones Unidas en Colombia; y Claudia Camacho Corzo, directora del Servicio Público de Empleo.


Jóvenes de Manos a la Paz en Pueblo Bello, Turbo. Foto Martha Forero/PNUD Colombia

Fuente: http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2016/05/16/manos-a-la-obra-por-la-paz-gobierno-y-pnud-aportan-a-la-reconstrucci-n-de-la-colombia-rural.html

Aratoca, Cepitá, Charalá, Curití, Los Santos y Oiba son los municipios donde arrancarán los procesos de caracterización para formalizar a las familias mineras en el departamento. El anuncio se hizo durante la socialización del proyecto con los alcaldes, que se llevó a cabo en el auditorio de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

Las actividades que se llevarán a cabo en los seis municipios desde el 16 de mayo hasta el 17 de junio próximo, hacen parte del convenio de formalización minera GGC-169 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la CAS por 742 millones 600 mil pesos, donde se caracterizarán 11 municipios y se continuará el apoyo a las UPM en 23 municipios de Santander.

La directora de la Autoridad Ambiental, Flor María Rangel Guerrero precisó que “en esta etapa de caracterización no se harán procesos sancionatorios, salvo que se estén realizando actividades que afecten de manera directa los recursos naturales” e invitó a la comunidad a hacer parte del proyecto ya que “lo que pretende es que la gente entre a la legalidad”.

Gil Antonio Méndez Méndez es el alcalde de Charalá, uno de los municipios que recibirá al equipo de profesionales durante el próximo mes, para él la importancia del convenio es que “llega a la comunidad para de una u otra manera revisar si tienen los títulos y cómo están explotando los materiales de modo que al formalizarlos puedan operar tranquilamente”.

La formalización minera no busca únicamente que las unidades cuenten con títulos legales, el proyecto incluye un acompañamiento en la formulación de Planes de Manejo Ambiental para disminuir al máximo el impacto que estas actividades generan a los recursos naturales.

Fuente: http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=57&idb=96&idc=2778

Este domingo en La Habana, las comisiones negociadoras del Gobierno y las Farc anunciaron un acuerdo para que los menores de edad salgan de las filas de la guerrilla antes de que se firme un acuerdo final del proceso de paz. Todo está sujeto a un protocolo que deberá ser establecido por una mesa técnica, y verificado, entre otras, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El anuncio, de entrada, cambia la forma en la que el Estado atiende a los niños que son víctimas del reclutamiento forzado, labor que actualmente está a cargos de tres entidades: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Víctimas y la Agencia Colombiana para la Reintegración.

En el programa integral que se planeará en La Habana entrarán “todos los menores de 18 años que han salido o que salgan de los campamentos de las Farc". Hoy por hoy es incierto el número de menores que serían favorecidos. La guerrilla ha manifestado que en sus filas solo hay 21 menores de 15 años, pero cifras del ICBF apuntan a que unos 3.600 niños de las Farc se han desvinculado en los últimos 17 años, quizás el dato más revelador para acercarse al alcance del anuncio.

Así es la ruta de atención actual

Los niños pertenecientes a grupos armados ilegales que se entregan voluntariamente o son capturados en medio de operaciones de la Fuerza Pública son considerados víctimas del conflicto y, por tanto, pueden acceder a una ruta de atención que les brinda tanto programas de resocialización como reparaciones económicas que reciben cuando cumplen la mayoría de edad.

En ese proceso, con el actual modelo, participan varias instituciones. En primer lugar están las autoridades civiles o militares que reciben a los menores y que, en las primeras 36 horas, deben garantizar que no sean sometidos a presiones y a presentar la respectiva denuncia por el delito de reclutamiento forzado ante la Fiscalía.


Luego de ese término, los menores son entregados al ICBF, entidad encargada de abrir un proceso administrativo para el restablecimiento de derechos y vincular a la víctima a un plan de acción integral, con atención psicosocial y acceso a salud, educación, formación para un plan de vida y reunificación familiar. Esa primera fase de acogida y estabilización puede durar unos 45 días.

A continuación se integra al proceso la Unidad de Víctimas, que presenta una fase de atención y reparación complementaria, denominada como intervención y proyección, y puede tomar entre uno y cinco años, dependiendo de la edad del joven involucrado.

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, explica que su entidad gestiona los encargos fiduciarios por concepto de reparación que los menores pueden reclamar una vez cumplan 18 años. Cada indemnización es de 30 salarios mínimos legales vigentes para quienes hayan sufrido este flagelo.

A los jóvenes se les capacita también en planeación para un proyecto de vida dentro de la legalidad. “Si no se les ofrecen nuevas oportunidades vuelven a ser víctimas”, afirmó Gaviria en diálogo con EL TIEMPO.

En los registros de la Unidad de Víctimas aparecen cerca de 9.000 niños desmovilizados que fueron atendidos desde 1985.

En el modelo de atención actual, las víctimas del reclutamiento infantil forzado también están cobijadas después de cumplir la mayoría de edad. De esa fase se encarga la Agencia Colombiana para la Reintegración, que les complementa a las personas que llegan de manera voluntaria la labor de resocialización.

En la agencia les ofrece a las víctimas, entre otras, terminar el proceso de alfabetización hasta sexto de bachillerato, estabilización emocional, acompañamiento de profesionales y formación vocacional con el Sena. Todo este apoyo es condicionado al cumplimiento de la ruta de atención, según explica Joshua Mitrotti, director general de la entidad.

En esa etapa los desvinculados de los grupos armados pueden llegar a recibir un apoyo económico mensual de 480.000 pesos en promedio.

Un vistazo al nuevo modelo

Si bien el nuevo modelo de atención para los menores que se desmovilicen de las Farc en el contexto del proceso de paz estará listo en cerca de un mes, este lunes la Defensoría del Pueblo, que encabezará la mesa técnica, recordó que hace ocho meses elaboró y presentó una iniciativa en este sentido con el fin de avanzar en la construcción de la hoja de rutapara propiciar el regreso de los niños, niñas y adolescentes inmersos en el conflicto a la sociedad.

La Defensoría en su momento propuso la elaboración de una base de datos de los menores que forman parte de las Farc, considerando características como la edad y el estado de salud. Así como priorizar en la entrega a quienes se encuentren heridos o en situación de discapacidad, a las niñas y mujeres en embarazo, a los menores de 15 años y luego a todos los y las adolescentes cuyas edades oscilen entre los 16 y los 18 años.

De lo que ha trascendido en La Habana sobre lo acordado en este punto es que se contempla que los menores de edad no serán declarados penalmente responsables y, además, serán objeto de un proceso de resocialización que incluirá programas para la reintegración a la comunidad, un plan de atención en salud, acceso a proyectos productivos y de vivienda digna del Estado y a becas y facilidades de acceso a universidades o instituciones tecnológicas.

Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/ninos-reclutados-por-las-farc/16594521

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